VITORIA. DV. Euskadi cuenta desde ayer con una Ley del Suelo con la que el Gobierno Vasco aspira a poner freno a la especulación y dar una respuesta al problema de la vivienda que hoy en día tiene las 76.193 personas inscritas en Etxebide, en su mayoría jóvenes con menos de 35 años y que en un 80% de los casos cuentan con ingresos de entre 3.000 y 21.000 euros, que les impide acceder al mercado libre sin recurrir a préstamos hipotecarios de 50 años.

En esta ocasión, el proyecto salió adelante gracias a los votos del tripartito, PSE-EE y Aralar, formaciones que lograron consensuar el texto definitivo que también cuenta con el aval de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) y que, sin embargo, fue rechazado por PP y EHAK, que pidieron la devolución del texto por cuestiones diferentes.

El parlamentario del PP, Antón Damborenea ratificó la intención de su partido de recurrir la ley vasca del Suelo «en todas las instancias posibles», una circunstancia que ya adelantó su compañero de filas Carmelo Barrio, y que podría llegar al Tribunal Constitucional. De esta manera desoyó la petición del consejero de Vivienda, Javier Madrazo, que le animó a desistir en su intento por «carecer de base jurídica».

Madrazo calificó de «hito histórico» la aprobación de la Ley del Suelo, que incorpora la figura de las viviendas de precio tasado de promoción municipal destinadas a las personas que ganen menos de 43.000 euros brutos al año y que tendrán un precio de 200.000 euros.

Esta modalidad es una variación de los actuales pisos de precio tasados, cuyo precio máximo asciende a 170.000 euros y de los pisos de protección oficial, que cuestan 117.000 euros.

Entre las novedades de la ley destaca las reservas de suelo para VPO, precio tasado y vivienda libre, que serán de obligado cumplimiento para los municipios de más de 3.000 habitantes, cuando hasta ahora sólo se contemplaba para los de más de 7.000. No obstante, serán éstos últimos municipios los que podrán aprobar sus respectivos planes generales, una competencia que hasta ahora recaía en las diputaciones y que ha sido motivo de polémica en la tramitación de la ley. Otra de las obligaciones que recoge la ley para los ayuntamiento de más de 20.000 habitantes es que por cada cien viviendas nuevas deberán edificar una media de quince apartamentos en régimen de alquiler.

Se da la circunstancia de que Euskadi era la única comunidad que no disponía de una legislación propia, ya que en los últimos 27 años de autogobierno no se había logrado el consenso para sacar adelante una ley del suelo, a pesar de varios borradores y un proyecto de ley rechazado por el Parlamento el año pasado.